El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) reveló en un informe que la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) desvió más de L 103 millones hacia seis ONG vinculadas a la exgerente administrativa Jackeline Pinto Dubón y a diputados del Congreso Nacional. El informe documenta un esquema de clientelismo político, contratos amañados y conflictos de interés, donde familiares y allegados se beneficiaron con fondos destinados a obras sociales y proyectos comunitarios.
Este caso confirma cómo la corrupción en la Secretaría de Gobernación Honduras convirtió programas de ayuda en un negocio privado, dejando obras defectuosas, comunidades afectadas y total opacidad en la rendición de cuentas.