El fin de las elecciones en Nicaragua fue anunciado por Daniel Ortega, quien aseguró que no volverán a celebrarse procesos que permitan a la oposición disputar el control del Gobierno. La declaración representa el paso más explícito del régimen Ortega-Murillo hacia la eliminación de la alternancia política.
Las elecciones en Nicaragua dejaron de funcionar como una competencia democrática real desde que el régimen comenzó a inhabilitar candidatos y perseguir a la oposición.
Ortega hizo el anuncio durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, celebrada el 19 de julio. Frente a sus seguidores, aseguró que trabajará con la Asamblea Nacional para aprobar nuevas leyes destinadas a impedir que los partidos opositores puedan llegar al poder mediante elecciones.
La frase que encendió las alarmas fue directa: “no volverá a haber elecciones” para quienes intenten alcanzar el Gobierno. No se trató de una interpretación de sus adversarios ni de una denuncia formulada desde el extranjero. Fue una declaración pública del propio gobernante nicaragüense.
¿Qué ocurrirá con las elecciones en Nicaragua?
El anuncio de Ortega aumenta las dudas sobre el futuro de las elecciones en Nicaragua previstas para 2027.
La eliminación formal todavía tendría que materializarse mediante reformas legales o constitucionales. Sin embargo, la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista, ya anunció un plan de trabajo para implementar las instrucciones de Ortega.
Hasta el momento no se ha aclarado si las elecciones previstas para 2027 serán canceladas completamente, si el régimen organizará una votación sin competencia real o si únicamente permitirá la participación de organizaciones subordinadas al oficialismo. En cualquiera de esos escenarios, la oposición quedaría sin una vía efectiva para disputar el poder.
El fin de las elecciones en Nicaragua confirma el cierre progresivo de los espacios democráticos y de participación política.
La diferencia jurídica es importante, pero políticamente el mensaje es bastante menos misterioso: el régimen no está dispuesto a aceptar la posibilidad de perder una elección.
La democracia nicaragüense ya venía siendo desmantelada
El anuncio de Ortega no apareció de la nada. Es el resultado de un proceso gradual de concentración del poder.
Durante las elecciones de 2021, las autoridades nicaragüenses detuvieron y procesaron a dirigentes opositores, inhabilitaron candidatos y cancelaron la personalidad jurídica de partidos que podían competir contra el oficialismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que esas acciones tuvieron como efecto cerrar la participación electoral de la oposición.
En febrero de 2025 entró en vigor otra reforma constitucional que estableció la figura de dos copresidentes, permitió que Daniel Ortega gobernara junto con su esposa, Rosario Murillo, amplió el periodo presidencial de cinco a seis años y aumentó las facultades del Ejecutivo sobre las instituciones del Estado.
El régimen pasó así de controlar las elecciones a plantear que ya ni siquiera necesita conservarlas como una formalidad.
Ortega y Murillo concentran el poder
Daniel Ortega gobierna Nicaragua de manera continua desde 2007, después de haber dirigido el país durante parte de la década de 1980. Con el paso de los años, el Frente Sandinista ha extendido su influencia sobre la Asamblea Nacional, la justicia, las autoridades electorales, la Policía y otras instituciones estatales.
La creación de la copresidencia convirtió a Rosario Murillo en una autoridad constitucional equivalente dentro del Ejecutivo. Para críticos del régimen, esta estructura también abre la puerta a una sucesión familiar y a la continuidad indefinida del mismo grupo político.
Ya no se trata únicamente de un partido que busca ganar elecciones. Se trata de una estructura política que pretende decidir quién puede competir, quién puede expresarse y quién puede aspirar al Gobierno.
La situación de las elecciones en Nicaragua representa una advertencia para las democracias centroamericanas.
La ONU advierte sobre el cierre del espacio democrático
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, cuestionó las declaraciones de Ortega y advirtió que las nuevas leyes podrían impedir que personas y organizaciones disidentes participen en procesos electorales.
La oficina de la ONU señaló además que el poder se encuentra cada vez más concentrado bajo la copresidencia y que el espacio para la participación cívica y política en Nicaragua se ha reducido de manera crítica.
La preocupación internacional no se limita a la eventual cancelación de una elección. El problema central es que los ciudadanos nicaragüenses quedarían sin un mecanismo pacífico para cambiar a sus gobernantes.
¿Por qué este anuncio importa para Honduras?
Nicaragua no es una realidad distante. Es un país centroamericano con una historia política, económica y social conectada con la nuestra.
Lo ocurrido demuestra que la eliminación de la democracia rara vez comienza con un decreto que anuncia una dictadura. Primero se desacredita a la oposición. Después se controlan las instituciones. Luego se modifican las leyes, se reducen los contrapesos, se persigue la crítica y se convierte cada elección en un trámite administrado por quienes ya gobiernan.
Cuando finalmente se anuncia que no habrá elecciones, buena parte del sistema democrático ya ha sido desmontado.
La experiencia nicaragüense debería servir como advertencia para toda Centroamérica: ninguna promesa de justicia social, revolución o transformación política justifica que una persona, una pareja o un partido se apropien indefinidamente del derecho de una nación a elegir.
Nota editorial de Nos Queda Claro
Lo que hoy sucede en Nicaragua muestra el futuro que podría enfrentar Honduras si permitiera que un proyecto socialista autoritario capture las instituciones, elimine los contrapesos y convierta al adversario político en enemigo del Estado.
No todos los gobiernos de izquierda terminan cancelando elecciones. El verdadero peligro surge cuando una ideología se utiliza para justificar la concentración del poder, la obediencia institucional y la permanencia indefinida de sus dirigentes.
El régimen nicaragüense no comenzó anunciando que eliminaría las elecciones. Llegó al poder mediante ellas. Después debilitó a sus adversarios, controló las instituciones, reformó la Constitución y cerró progresivamente los espacios de participación. Ahora, cuando considera que ya no necesita guardar las apariencias, anuncia que la oposición tampoco podrá llegar al Gobierno mediante el voto.
Si Honduras cayera en ese modelo de socialismo autoritario, nuestro futuro sería similar: primero tendríamos elecciones sin garantías, después elecciones sin verdadera competencia y finalmente un Gobierno decidiendo que los ciudadanos ya no necesitan elegir.
La democracia no se pierde únicamente cuando desaparecen las urnas. También se pierde cuando la población acepta que un partido, bajo cualquier bandera ideológica, tiene más derecho al poder que los propios ciudadanos.
Nicaragua ya cruzó esa línea. Honduras todavía puede evitarla.
Fuentes consultadas
Información contrastada con Reuters, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y registros sobre las reformas constitucionales de Nicaragua.
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